El día viernes, 26 de marzo, se llevó a cabo una reunión con el Inspector General de Personas Jurídicas, Dr. Eduardo Colombo.
En representación del CPCE, participaron de la misma, su Presidente, Dr. Germán Dalghren, Vicepresidente, Cr. Lucas Clemente, el Consejero Directivo, Cr. Juan Manuel Romero, y la coordinadora de la Comisión de Organizaciones Sociales, Cra. Joana Marún.
Respecto de los puntos tratados, sobresalen los siguientes:
Desde la IGPJ, surgió la iniciativa de ayudar a un listado específico y finito de asociaciones sin fines de lucro que adeudan hasta 5 ejercicios (SIN MOVIMIENTOS) y que no tienen los recursos para ponerse al día, pero sí, toda la intención de seguir trabajando para los objetivos para los cuales sus miembros las crearon.
Al respecto, el Dr. Colombo informó que para esta nómina particular, el organismo no les cobrará Tasas, por esta única vez, a efectos de dejar en regla a este tipo de instituciones. Además, solicitó a la matrícula la aplicación de un arancel especial para la certificación de los estados contables de tipo social.
En tal sentido, la Cra. Marún explicó que la ley de honorarios del Consejo, dispone de un artículo que establece una reducción del 50% para las auditorías de estados contables de entes sin fines de lucro; con lo cual dicho arancel, ya se encuentra regulado.
El Cr. Clemente, por su parte, transmitió que los profesionales que asesoran a este tipo de entidades, muchas veces ponderan en los honorarios de la auditoría de los balances, las otras gestiones que deben cumplirse ante diferentes organismos, luego de la certificación del balance en el CPCE.
Por otro lado, se le cuestionó a la autoridad visitante, la duplicación de tareas que significó para los profesionales, la exigencia de presentar toda la documentación de las PRE y POS Asambleas en formato papel (como se realizaba antes de la pandemia), y que desde el 2020 haya que ejecutar el trámite digitalmente, con lo cual, el trabajo en lugar de simplificarse, se complejizó.
Sobre este aspecto, el Inspector expuso que los tiempos de la administración pública son lentos, y para que el proceso de digitalización sea seguro, se necesitan renovar los recursos tecnológicos de la institución, teniendo en cuenta el magro presupuesto destinado a ello, de modo que dicho proceso, lamentablemente, va a demorar.
